El sistema tributario español ha experimentado en los últimos años una transformación acelerada. Lejos de acometer una reforma fiscal integral y estructural, el legislador ha optado por una estrategia de "parches" y creación de nuevas figuras impositivas que, si bien buscan aumentar la recaudación y gravar nuevas realidades económicas, han añadido una enorme complejidad al sistema. Los años 2025 y 2026 no han sido una excepción, consolidando una tendencia hacia la hiperregulación fiscal.

La consolidación de los gravámenes temporales

Lo que nació como una medida excepcional y temporal para hacer frente a los "beneficios caídos del cielo" derivados de la crisis energética y la inflación, ha terminado por echar raíces en nuestro ordenamiento.

El Gravamen Temporal Energético y el Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito, introducidos inicialmente para los ejercicios 2023 y 2024, han visto prorrogada su vigencia y, en la práctica, se debaten entre su rediseño como impuestos permanentes o su mantenimiento sine die bajo la figura jurídica de la prestación patrimonial de carácter público no tributario.

Esta consolidación plantea serios problemas de técnica jurídica. Al no ser formalmente "impuestos", se sortea la prohibición de doble imposición (ya que gravan magnitudes que, en el fondo, ya tributan en el Impuesto sobre Sociedades), pero se genera una enorme inseguridad jurídica para los operadores afectados, que ven cómo una medida de emergencia se convierte en un coste estructural.

El Impuesto Mínimo Global (Pilar Dos)

El año 2025 ha marcado la entrada en vigor efectiva en España de la Directiva (UE) 2022/2523, que transpone el histórico acuerdo de la OCDE conocido como "Pilar Dos". Este nuevo marco normativo establece un nivel mínimo de imposición del 15% para los grupos multinacionales y los grandes grupos nacionales con un importe neto de la cifra de negocios consolidado igual o superior a 750 millones de euros.

Para lograrlo, España ha introducido un complejo entramado normativo que incluye:

1. El Impuesto Complementario Nacional: Para asegurar que las filiales españolas de estos grupos tributen al menos al 15% en territorio nacional.
2. La Regla de Inclusión de Rentas (IIR): Que permite a España gravar a la matriz residente por los beneficios de sus filiales extranjeras que hayan tributado por debajo del 15%.
3. La Regla de Beneficios Insuficientemente Gravados (UTPR): Que actúa como mecanismo de cierre.

Si bien el objetivo es loable —evitar la elusión fiscal y la carrera a la baja en el Impuesto sobre Sociedades a nivel global—, la carga de cumplimiento (compliance) que impone a las empresas es colosal. Las reglas para calcular el "beneficio jurisdiccional" y los "impuestos cubiertos" difieren de las normas contables y fiscales tradicionales, creando un sistema paralelo de extrema complejidad.

La fiscalidad medioambiental: nuevos frentes

La transición ecológica sigue siendo el gran motor de creación de nuevos tributos. A los ya existentes impuestos sobre envases de plástico no reutilizables y sobre el depósito de residuos en vertederos, se suman nuevas figuras impulsadas por directrices europeas.

Destaca la progresiva implementación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que, aunque formalmente es un arancel medioambiental, funciona en la práctica como un impuesto a la importación de productos intensivos en carbono (cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno). A partir de 2026, los importadores deberán adquirir "certificados CBAM" equivalentes al precio del carbono que habrían pagado si los bienes se hubieran producido bajo las normas de la UE.

¿Progresividad o complejidad?

La proliferación de estas nuevas figuras impositivas nos obliga a hacernos una pregunta fundamental: ¿estamos construyendo un sistema tributario más justo o simplemente más enrevesado?

El artículo 31.1 de la Constitución exige un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Sin embargo, la superposición de impuestos, gravámenes y prestaciones patrimoniales, a menudo con bases imponibles que se solapan, dificulta enormemente evaluar la verdadera carga fiscal que soporta un contribuyente (ya sea empresa o ciudadano).

Un sistema fiscal moderno no solo debe ser progresivo, sino también claro, predecible y eficiente en su gestión. La actual deriva hacia la hiperregulación amenaza con convertir el cumplimiento tributario en un laberinto solo transitable para grandes corporaciones con potentes departamentos fiscales, dejando a las pymes en una situación de vulnerabilidad y aumentando la litigiosidad con la Administración. El reto para los próximos años no debería ser crear más impuestos, sino ordenar, simplificar y evaluar la eficacia de los que ya tenemos.