El cierre fiscal de 2025 ha dejado un paisaje de cifras que, leídas por separado, cuentan historias opuestas. La Agencia Tributaria comunicó una recaudación tributaria de 325.356 millones de euros, el máximo histórico absoluto, con un incremento del 10,4% respecto al ejercicio anterior. El IRPF aportó 142.466 millones (+10,1%) y el IVA otros 99.532 millones (+9,9%). Nunca en la historia democrática española el Estado había extraído tanto dinero de la economía privada. El déficit público se situó en el 2,18% del PIB, el mejor dato relativo desde 2008, y por primera vez en dieciocho años se registró un superávit primario de 3.534 millones de euros.

Hasta aquí, el relato oficial de consolidación fiscal. Pero hay un dato que lo ensombrece todo: la deuda pública cerró 2025 en el 100,7% del PIB. En euros corrientes, es el máximo histórico absoluto. En 2007, antes de la crisis financiera, España tenía una deuda del 36% del PIB. En menos de dos décadas se ha casi triplicado.

Recaudar más no es lo mismo que deber menos

El mecanismo que explica esta paradoja es sencillo y conviene entenderlo con una analogía: el flujo es lo que entra y sale cada mes de tu cuenta corriente; el stock es el saldo total de tu hipoteca. Puedes tener meses en los que ingresas más de lo que gastas —mejoras el flujo—, pero si la hipoteca sigue ahí, tu deuda total apenas se mueve. Eso es exactamente lo que le ocurre a España: el déficit anual (el flujo) mejora, pero la deuda acumulada (el stock) sigue creciendo en términos nominales. Es aritmética básica, no ideología.

El superávit primario es el saldo que resulta de restar todos los gastos públicos a todos los ingresos, pero dejando fuera una partida crucial: el pago de intereses de la deuda. Es el indicador favorito del Gobierno para demostrar que el ajuste es real, porque al excluir los intereses, el resultado sale positivo. El problema es que ese indicador, por construcción, ignora precisamente el coste de la deuda acumulada. Con el 100,7% del PIB en pasivos y los tipos de interés todavía lejos de los mínimos anteriores a 2020, el gasto en intereses lastra el presupuesto en decenas de miles de millones al año.

El gasto crece el doble que los ingresos

Los datos del período 2019-2025 revelan una tendencia estructural preocupante. El gasto no financiero del Estado ha crecido aproximadamente un 100% desde 2019, mientras que los ingresos tributarios lo han hecho un 51%. La brecha se ha financiado con deuda.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elevado el nivel del gasto del conjunto de las administraciones públicas desde el entorno del 41% del PIB en 2018 hasta una media del 45%. Los ingresos, por su parte, han pasado del 37% al 42%. El diferencial, lejos de cerrarse, se ha mantenido estable, lo que implica que cada año se añade deuda nueva al stock existente.

El FMI pone el dedo en la llaga

Las previsiones de primavera del Fondo Monetario Internacional, publicadas hoy 15 de abril de 2026, son contundentes. El FMI proyecta que España crecerá un 2,1% este año, liderando la eurozona, pero afea al Gobierno no haber aprovechado estos años de sólido crecimiento para constituir un colchón fiscal. El organismo calcula que la deuda no bajará del 90% del PIB hasta 2031, y eso si no irrumpe otra crisis que obligue al Gobierno de turno a tirar de recursos públicos.

La comparación internacional no favorece el relato oficial. La deuda española al 100,7% del PIB contrasta con el 63% de Alemania y supera la media de la eurozona, situada en torno al 88%. El FMI prevé, además, que el déficit apenas variará en los próximos años ante la ausencia de nuevas reformas estructurales.

La presión fiscal implícita: el contribuyente paga más sin ganar más

Buena parte de la mejora de la recaudación no se explica por una economía más dinámica, sino por la inflación. La subida generalizada de precios ha ensanchado las bases imponibles del IRPF y del IVA sin que el contribuyente haya ganado poder adquisitivo real. Es lo que algunos analistas denominan el "impuesto invisible". ¿Cómo funciona? Los tramos del IRPF están fijados en cifras nominales: por ejemplo, se paga un tipo más alto a partir de cierta cantidad de euros. Si la inflación sube los salarios nominales pero el Gobierno no actualiza (deflacta) esos tramos, cada vez más contribuyentes saltan al tramo superior sin haber ganado más poder adquisitivo real. El resultado: se paga más IRPF por el simple efecto de la inflación, sin que el legislador haya aprobado formalmente una subida de impuestos.

La presión fiscal mide el porcentaje del PIB que el Estado extrae en forma de impuestos y cotizaciones. Cuando sube sin que haya habido una decisión legislativa explícita de subir tipos —como ocurre con la no deflactación—, hablamos de presión fiscal implícita. Cada punto adicional es un punto que no va a inversión privada, a consumo o a ahorro familiar. Que esa extracción creciente coexista con una deuda que sigue en el 100% del PIB debería generar algo más que satisfacción en quienes la celebran.

La pregunta pertinente

La cuestión no es si el Gobierno ha cumplido los objetivos de déficit de Bruselas —que lo ha hecho—, sino si ese cumplimiento hace a España más resistente o simplemente más cara de sostener. Un ajuste fiscal sano combina contención del gasto con ingresos que reflejan una economía más productiva. Lo que ocurre en España es distinto: la presión fiscal implícita está en máximos históricos, el gasto estructural no se ha racionalizado y la mejora del déficit descansa en buena medida en la inflación.

Las proyecciones del FMI y de las principales casas de análisis (Bankinter, BBVA Research) coinciden: la deuda se situará en torno al 99,5% del PIB en 2026. Un descenso marginal que no altera el diagnóstico. España tiene pendiente una reducción real del stock de deuda que no llegará mientras el gasto estructural no se discipline. Mientras tanto, el récord de recaudación seguirá siendo una buena noticia a medias: más ingresos, sí, pero al servicio de una deuda que no cede.