El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 21 de marzo de 2026 publicaba el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se adopta un Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La norma, motivada por la escalada bélica en Irán y el consiguiente bloqueo del Estrecho de Ormuz, moviliza más de 5.000 millones de euros y despliega un amplio abanico de medidas en los ámbitos energético, social, agrario y, por supuesto, tributario.

Este es, desde 2021, el décimo gran paquete de medidas urgentes en materia de fiscalidad energética. La sucesión de crisis —pandemia, Ucrania, Israel-Palestina y ahora Irán— ha consolidado una forma de legislar «a golpe de crisis» que, si bien puede ser necesaria para dar respuestas ágiles, plantea serios interrogantes sobre la seguridad jurídica y la calidad de nuestro sistema tributario.

Las medidas tributarias: más de lo mismo, con una novedad inquietante

El Título III del RDL 7/2026 recoge un conjunto de medidas fiscales que, en su mayoría, resultan familiares, pues consisten en la prórroga o modulación de las ya existentes:

• Imposición indirecta: Se prorroga hasta el 30 de junio de 2026 la rebaja del IVA al 10% para electricidad (contratos hasta 10 kW), gas natural, pellets y carburantes. Asimismo, se mantiene la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% y de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los mínimos comunitarios.

• Imposición directa: En el IRPF, se amplían hasta finales de 2026 las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética y por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga. En el Impuesto sobre Sociedades, se mantiene la libertad de amortización para inversiones en autoconsumo renovable y vehículos eficientes.

• Tributos locales: Se modifican el IBI y el ICIO para ampliar las bonificaciones a instalaciones de aprovechamiento de energía solar o «ambiente», incentivando las comunidades energéticas.

La verdadera novedad, sin embargo, reside en la introducción de una cláusula de revisión vinculada al IPC. Las rebajas fiscales previstas para el mes de junio de 2026 en IVA, Impuesto sobre la Electricidad e Hidrocarburos quedan ahora condicionadas a que la inflación de dichos productos, medida en abril, no supere en más de un 15% la del año anterior. Este mecanismo, inédito hasta ahora, introduce un nuevo factor de incertidumbre para los operadores económicos, que no sabrán con certeza qué tipo impositivo aplicar en el umbral del verano.

El decreto-ley como norma tributaria: ¿un abuso justificado?

La Constitución Española, en su artículo 86.1, prohíbe que los decretos-leyes afecten a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, entre los que se encuentra el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado esta limitación de forma matizada.

En su consolidada doctrina, el TC establece que el decreto-ley no puede alterar de manera sustancial la posición del obligado tributario ni los elementos esenciales del tributo. No obstante, admite su uso para modificaciones no estructurales, transitorias o de alcance limitado. El Gobierno, en la exposición de motivos del RDL 7/2026, se ampara en esta doctrina para justificar la urgencia y el carácter limitado de las medidas.

El problema, como ha señalado la doctrina, es que la concatenación de diez decretos-leyes en cinco años convierte lo excepcional en permanente y lo transitorio en estructural. Las sucesivas prórrogas y modulaciones de los tipos impositivos del IVA o del Impuesto sobre la Electricidad han creado un marco normativo volátil e impredecible, donde la «norma general» ha sido desplazada por una sucesión de «normas de emergencia».

Conclusión: la inseguridad jurídica como coste de la emergencia

El RDL 7/2026 es un ejemplo paradigmático de la tensión entre la necesidad de una respuesta gubernamental rápida ante una crisis y la exigencia de un marco tributario estable, predecible y de calidad. Si bien las medidas pueden aliviar a corto plazo la carga sobre familias y empresas, el método empleado tiene un coste a largo plazo: la erosión de la seguridad jurídica.

La introducción de cláusulas de revisión ligadas al IPC, la dependencia de la coyuntura geopolítica para definir los tipos impositivos y el abandono de una reforma fiscal estructural en favor de parches normativos de urgencia, dibujan un panorama de incertidumbre que dificulta la planificación económica y la toma de decisiones de inversión. La fiscalidad de emergencia, si se convierte en la norma, amenaza con socavar uno de los pilares de un Estado de Derecho: la certeza y previsibilidad de la ley.