Anualmente, el conjunto de las Administraciones Públicas españolas —Estado, comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social— destina más de 803.000 millones de euros, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Esta magnitud resulta tan considerable que resulta difícil visualizarla. Para contextualizarla: si se contara un euro por segundo, se requerirían más de 25.000 años para alcanzar esa cifra. Estos fondos proceden, en definitiva, de tus finanzas personales: de los impuestos que abonas al recibir tu salario, al repostar combustible para tu vehículo, al realizar compras en el supermercado o al recibir una herencia familiar.

Surge entonces una pregunta obligada: ¿existe alguna supervisión sobre la correcta utilización de estos recursos?

La respuesta es afirmativa; existe un procedimiento establecido para ello. Se denomina Spending Review (revisión del gasto) y, aunque opera en España desde 2018, la gran mayoría de la ciudadanía desconoce su existencia.

La AIReF: un auditor independiente para el gasto de todos

El Spending Review constituye, esencialmente, una auditoría exhaustiva del gasto público. Sin embargo, no la ejecuta el propio Gobierno, lo que equivaldría a una autoevaluación. La lleva a cabo la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), una institución cuya misión es garantizar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera por parte de todas las Administraciones Públicas. Opera con plena independencia: no se subordina a ningún partido político ni ministerio. Su función consiste en examinar partidas específicas del gasto público para responder a dos interrogantes básicos: ¿se emplean los recursos de manera eficiente? Y ¿se alcanzan los objetivos inicialmente planteados?

El origen de esta iniciativa no es nacional, sino que procede de una recomendación de la Comisión Europea. Ya desde 2013, la Comisión instaba a España a realizar un examen exhaustivo del gasto público para identificar posibles mejoras. El primer mandato formal se estableció en 2017, y los resultados iniciales comenzaron a difundirse en 2018.

108.000 millones bajo la lupa

Hasta el momento, la AIReF ha sometido a un análisis detallado partidas de gasto que superan los 108.000 millones de euros, correspondientes únicamente al primer ciclo (2018-2021). Esta cifra ofrece una perspectiva sobre la escala del ejercicio: equivale aproximadamente al gasto total español en sanidad durante casi un bienio.

La siguiente tabla recoge un resumen de las evaluaciones realizadas en cada fase:

Conviene aclarar que el Spending Review encargado por el Gobierno se centra principalmente en el gasto de la Administración General del Estado y la Seguridad Social. Sin embargo, la AIReF no limita su actividad de revisión a las cuentas del Gobierno central. Su ámbito competencial abarca todas las Administraciones Públicas, y de hecho realiza evaluaciones por encargo de comunidades autónomas individuales: ha revisado el sistema sanitario en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León; la financiación universitaria en Canarias y Castilla y León; o las políticas de empleo en Andalucía y Aragón, entre otras áreas. También evalúa los presupuestos de las Corporaciones Locales.

Subvenciones sin control, deducciones sin revisar y hospitales desiguales

Las conclusiones de estos análisis resultan particularmente significativas. Cada informe emitido por la AIReF presenta hallazgos concretos junto con recomendaciones específicas derivadas de ellos.

Respecto a las subvenciones, el análisis de la AIReF abarcó 14.300 millones de euros, detectando que una proporción considerable de estas ayudas públicas se concedía sin una evaluación previa adecuada. Además, se identificaron frecuentes solapamientos entre distintas administraciones y una ausencia generalizada de mecanismos para medir si los objetivos declarados se cumplían efectivamente. En términos prácticos, esto equivalía a una distribución de fondos sin la posterior verificación de su utilidad o impacto real.

En el área de los beneficios fiscales, que incluyen deducciones y exenciones tributarias, la revisión cubrió un volumen de 35.000 millones de euros. Los resultados fueron esclarecedores: una parte sustancial de estos incentivos llevaba décadas en vigor sin que se hubiera realizado ninguna evaluación para determinar si mantenían su justificación original o si efectivamente favorecían a los colectivos destinatarios previstos.

En lo referente al gasto hospitalario, el examen de casi 10.000 millones de euros reveló disparidades considerables en los niveles de eficiencia entre centros que, en teoría, operaban bajo condiciones similares. El análisis demostró que algunos hospitales lograban resultados clínicos equivalentes con un gasto significativamente inferior al de otros, lo que apuntaba a un margen sustancial para la optimización de recursos.

En el estudio más reciente acerca del mutualismo administrativo —el sistema que permite a los funcionarios optar entre la sanidad pública y la privada—, la AIReF examinó más de 400 millones de registros y determinó que el régimen vigente produce ineficiencias y disparidades que sería conveniente rectificar.

"Cumple o explica": ¿atiende el Gobierno estas advertencias?

Esta cuestión resulta fundamental. El Spending Review opera bajo un principio denominado "cumple o explica": el Gobierno debe aplicar las recomendaciones de la AIReF o, en caso contrario, justificar públicamente su decisión. Anualmente, el Ministerio de Hacienda publica un informe de seguimiento en el que detalla qué recomendaciones ha adoptado y cuáles ha desestimado.

En la práctica, el nivel de cumplimiento es irregular. Ciertas recomendaciones se han implementado —como mejoras en la gestión de subvenciones o ajustes en la prescripción farmacéutica—, mientras que otras permanecen archivadas años después de haberse formulado. La propia AIReF ha solicitado que se reforme su ley orgánica para dotarla de mayor capacidad de seguimiento y de garantías más sólidas de acceso a la información.

Tu dinero, tu derecho a saber

El Spending Review no constituye un mero ejercicio académico ni un trámite burocrático rutinario. Representa el instrumento más riguroso con que cuenta España para responder a la pregunta que muchos ciudadanos se plantean al pagar impuestos: ¿se emplea adecuadamente mi dinero?

El mero hecho de que exista constituye un avance significativo. Que su funcionamiento se base en datos reales y análisis rigurosos refuerza aún más su valor. Sin embargo, para que su utilidad se materialice plenamente, resulta indispensable que la ciudadanía conozca su existencia, que demande la aplicación de sus recomendaciones y que los gobiernos, independientemente de su signo político, asuman su responsabilidad cuando opten por desatenderlas.

En definitiva, esos 803.000 millones de euros que gastan entre todas las Administraciones Públicas son un recurso colectivo. Por consiguiente, existe un derecho legítimo a conocer si se emplean de manera eficaz y adecuada.